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El INE aplica la norma y exhibe a quienes viven de la política 

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EN CAMPAÑA | Por El Celta

Que el Instituto Nacional Electoral cancele 47 candidaturas a presidentes municipales y diputados de al menos tres partidos políticos, no significa que se tenga que hacer un paralelismo con lo acontecido con la sanción aplicada al candidato a gobernador postulado por MORENA. La situación es diferente y tiene que ver con irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña.

La sanción a los 47 aspirantes que hoy mismo, estarán siendo notificados del retiro de su registro por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y por lo tanto ya no podrán hacer campaña, está fundado en el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), que en su numeral tercero dice que “Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo establecido por el Libro Octavo de esta Ley”.

Esta determinación tomada por el Consejo General del INE, está ajustada más a principios de fiscalización que a cuestiones de orden político, ya que las decisiones tomadas no están referidas a favorecer a ningún candidato o partido, sino que más bien, están fundamentadas en el principio de la rendición de cuentas en tiempo real.

Decimos esto, debido a que anteriormente, los candidatos o precandidatos tenían un tiempo razonablemente extenso para presentar sus informes de ingresos y gastos de precampañas una vez que terminara la jornada de selección de candidatos en sus respectivos partidos, incluso, una vez que concluyeran las jornadas electorales, por lo que muchas veces, no se podía acreditar una sanción, debido a que el informe de los precandidatos, se presentaban cuando ya tenían hasta un año en el ejercicio del cargo.

Es decir que no se podía aplicar la ley de manera retroactiva, y más cuando se trataba de un informe con irregularidades de un precandidato que ya hasta había ganado la elección constitucional, por lo tanto no se podía hablar de retirar el registro, a quien ya se desempeñaba en el cargo para el que fue postulado.

Hoy, de acuerdo con los cambios que ha experimentado la LEGIPE, la autoridad electoral está revisando los ingresos y gastos de precampaña y campaña en tiempo real, esto para que cuando se acredite que se incumple con la Ley, ya sea mediante el exceso en gastos de precampaña o en aquellos casos que no gastan los recursos asignados para la promoción (subejercicio), se pueda establecer las penas y sanciones que la propia Ley señala, incluida la cancelación del registro de los aspirantes que hayan caído en ese supuesto.

Por ello, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral canceló la candidatura de 47 ciudadanos por presentar diversas irregularidades en la revisión de los informes y gastos de precampaña, debido esencialmente a que tan malo es gastar de más a los montos asignados como topes de campaña, o bien, no gastar los recursos autorizados por el INE para la promoción política de los candidatos, y con ello evitar las tentaciones de que en lugar de hacer política, los aspirantes quieran hacer negocio.

Para citar un ejemplo, si en un municipio el monto de tope de gastos de precampaña fue por el orden de cien mil pesos, es sancionable quien haya presentado un informe con un gasto superior a ese monto; pero también merece una sanción quien al recibir de manera equitativa los cien mil pesos para promoción, haya gastado solamente 50 mil, es en ese sentido, que se quiera evitar que la política se convierta en el jugoso negocio de los aspirantes, ya que no gastar los recursos asignados en los tiempos electorales, también es producto de sanción.

Y en el peor de los casos, que es lo que ocurrió con los 47 aspirantes a los que se canceló el registro ante la autoridad electoral, es que o no presentaron el informe de ingresos y gastos de precampaña, o lo presentaron de manera extemporánea y sin la justificación respectiva al porque de esa irregularidad, y debido a la nueva forma de fiscalización de los órganos, las sanciones no son posteriores a la elección, sino que se hacen en el proceso electoral en marcha, y el máximo castigo como refiere la ley, es el retiro del registro a quien así lo merezca.

Por lo tanto, las palabras expresadas por el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral retumban en todos los partidos: “Lo que le compete al Instituto es aplicar la Ley, así lo hemos hecho, lo estamos haciendo y los seguiremos haciendo, aplicar la ley sin distingos, sin intencionalidades y sin ninguna animadversión”.

En este sentido, vale la pena reflexionar que hoy como nunca las elecciones, no solo en Zacatecas, sino en el resto de las entidades donde habrá comicios este año, están más fiscalizadas que nunca; no hay evento o actividad de carácter político llevada a cabo por los partidos o candidatos que no esté siendo auditada por personal del Instituto Nacional Electoral, que en todos los casos es auxiliado por los institutos electorales locales.

En todos los eventos se revisan movilizaciones, templetes, contratación de bandas o grupos musicales y todo aquello que tenga que ver con el gasto de los recursos que por ley pueden hacer, y sólo así se puede determinar si se viola la ley rebasando los topes de gastos campaña. En el caso de que se rebasen los topes se notifica y se les otorga el derecho de audiencia, y si como en el caso de David Monreal se hace caso omiso, entonces se aplica la norma vigente, y que fue aprobada por todos los partidos políticos.

Para algunos puede parecer excesivo el asunto, pero lo cierto es que las elecciones, al menos en Zacatecas, son las más vigiladas de la historia, y en el caso de los aspirantes sancionados, incluso con la pérdida del registro, se sienta un precedente en el sentido de que nunca más, las elecciones podrán servir para lavar dinero y gastar de más sin que existan las sanciones respectivas. El despertar a la democracia está siendo doloroso, especialmente para aquellos que se han acostumbrado a no cumplir con la legalidad, y mucho menos sujetarse a las reglas del juego.

Se entiende que existen ciudadanos molestos o enojados con la autoridad electoral, sin embargo, con quien deben estar enojados es con los dirigentes de sus partidos y candidatos por no cumplir con la ley. Los 47 sancionados, que no todos son candidatos de sus partidos, aún tienen el recurso de acudir a interponer el recurso de impugnación en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, es un juicio costoso y de mucha dedicación, por lo que si no fueron capaces de presentar un simple informe de ingresos y gastos de precampaña, mucho van a tener la capacidad de contratar, y mucho menos pagar, a un abogado que trate de devolverles la candidatura. Por lo tanto podemos asumir como poco probable que decidan pelear en las instancias jurisdiccionales. En todo caso, lo que se les puede decir es “Gracias por participar”.

Esta decisión del INE sienta un importante precedente en la vida política de los zacatecanos. Nunca más político o candidato alguno podrá hacer lo que se le venga en gana. Ahora con este precedente, ya no se podrá ver a la política como la opción única para salir de pobres y resolver la vida de los ciudadanos en un solo momento. Hoy estamos llamados a que se profesionalice la acción política y que no sean más los improvisados quienes lleguen a los cargos y ejerzan el poder. Las cartas están echadas y la Ley comienza a cumplirse.

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